LEY MANEJO DEL FUEGO: APRUEBAN CAMBIOS

El proyecto que prohíbe la venta y cambio de uso de tierras incendiadas por un plazo de entre 30 a 60 años. Afecta la propiedad y pone en riesgo la producción agricola y ganadera, dicen los ruralistas.  El Senado de Argentina convirtió en ley -con 41 votos a favor, 28 en contra y una abstención- el proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el objetivo de prohibir la venta y cambio de uso de tierras incendiadas por un plazo de entre 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. La iniciativa, de autoría del titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, recibió el apoyo del oficialismo en la Cámara alta y el rechazo de Juntos por el Cambio, que lo tildó de “inconstitucional” y presentó una moción durante el debate -que fue rechazada- para que el proyecto vuelva a comisiones. El proyecto establece que «no se podrá cambiar el uso» de las zonas afectadas por los incendios «para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino» que tenían al momento del incidente por un plazo de 60 años para los bosques y 30 años para zonas agrícolas. Al abrir el debate, la miembro informante por el oficialismo, la titular de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, Ana Almirón, advirtió que “este es un tema sumamente urgente” ya que este año los incendios forestales afectaron más de 900.000 hectáreas, en 22 provincias. «Hay que repensar el accionar del fuego, el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza”, agregó. La senadora del Frente del Todos, Nora Giménez consideró que «con su aplicación, este proyecto logra disuadir a aquellos que buscan con estos incendios bajar el precio de la tierra y con ello apropiarse de ellas con un sentido especulativo y comercial». En tanto, la senadora de Juntos por el Cambio y titular de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, criticó el texto del proyecto, al señalar que “va en contra del principio de no regresividad”. “Establece plazos de 30 y 60 años para proteger ecosistemas que ya están protegidos a perpetuidad. Es una ley de enormes indefiniciones y esto hace que sea inaplicable», cuestionó.